Desde este jueves 15 de enero rige el arancel cero para la importación de celulares en la Argentina. La decisión, que completa el esquema definido por el Decreto 333/2025, es presentada por el Gobierno como un paso clave para aumentar la competencia y reducir los precios. Sin embargo, el efecto real de la medida vuelve a quedar bajo discusión, tanto por los antecedentes recientes como por las advertencias del sector productivo.

La eliminación total del impuesto cierra un proceso gradual iniciado en mayo de 2025, cuando el derecho de importación bajó del 16% al 8%. Desde hoy, ese costo desaparece por completo, aunque su peso dentro del precio final representa solo una parte de una cadena mucho más extensa de gastos e impuestos.

Desde el Ejecutivo celebraron la medida como un nuevo avance en su política de desregulación. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la reducción de aranceles ya permitió bajas de entre 25% y 35% en distintos modelos y afirmó que la quita total del impuesto profundizará esa tendencia. En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó que el arancel cero implica “menos impuestos y mejores precios”.

Sin embargo, los datos del propio mercado relativizan ese optimismo. Durante el período en el que rigió el arancel reducido del 8%, el ingreso de celulares importados por canales legales prácticamente no creció. En todo 2025 se importaron poco más de 334 mil equipos, una cifra similar a la del año anterior, lo que mantuvo a los teléfonos importados en torno al 5% del mercado total.

Desde el sector explican que el precio que paga el consumidor no depende únicamente del arancel. Costos logísticos, márgenes comerciales, impuestos internos, IVA y procesos aduaneros siguen teniendo un peso decisivo, por lo que la baja impositiva no se traduce necesariamente en una reducción automática en las góndolas.

La medida encendió alertas en Tierra del Fuego, donde se concentra la producción nacional de celulares. Desde los gremios y la industria advirtieron que la quita de aranceles profundiza la presión sobre un sector que ya enfrenta caída de la demanda y pérdida de puestos de trabajo. Solo en el último año vencieron alrededor de 500 contratos, en un segmento que emplea a miles de trabajadores.

Las empresas fueguinas reconocen que el cambio de reglas las obligó a mejorar competitividad y reducir costos, apoyadas en beneficios fiscales y mejoras logísticas. Aun así, insisten en que el principal problema no es la importación legal, sino el contrabando: según estimaciones del sector, uno de cada tres celulares que se activan en el país no fue fabricado localmente ni ingresó por canales oficiales.

Mientras algunos modelos ya muestran bajas impulsadas más por la retracción del consumo que por los cambios impositivos, el propio sector advierte que ese proceso tiene un límite. A eso se suma un factor externo que preocupa al mercado: el aumento global de la demanda de memorias y componentes por el avance de la inteligencia artificial, que podría encarecer insumos clave y frenar nuevas reducciones de precios.

Así, el arancel cero aparece como una señal fuerte del rumbo económico del Gobierno, pero lejos de ser una garantía automática de celulares más baratos. El impacto concreto en los precios y en el empleo seguirá siendo una incógnita en los próximos meses.