En la primera sesión de la Cámara de Diputados con la nueva conformación surgida tras las elecciones, el oficialismo logró aprobar en general el Presupuesto 2026, el primero que el presidente Javier Milei consigue validar en dos años de gestión. Sin embargo, la votación dejó un golpe político significativo para el Gobierno: la caída del capítulo 11, que contenía el polémico artículo 75, uno de los puntos más cuestionados del proyecto.

Ese artículo establecía la derogación de dos normas clave sancionadas por el propio Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. La eliminación de ambas generó un amplio rechazo transversal, que terminó desarmando la estrategia oficialista de blindaje parlamentario.

El capítulo 11 no se limitaba al artículo 75. En ese mismo bloque, el Gobierno había incluido otras medidas sensibles, como el recorte al beneficio de la tarifa de gas por Zonas Frías —con impacto directo en el sur bonaerense—, la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un mecanismo de compensación a distribuidoras eléctricas por deudas con Cammesa y disposiciones de último momento vinculadas a la coparticipación reclamada por la Ciudad de Buenos Aires.

Con el objetivo de evitar deserciones y sostener el artículo más conflictivo, el oficialismo decidió agrupar todos esos puntos en un único capítulo y forzar una votación por capítulos, en lugar de hacerlo por artículos. La maniobra generó fuertes críticas dentro y fuera del recinto, incluso entre legisladores habitualmente alineados con el Gobierno, y terminó volviéndose en su contra.

Contra los cálculos oficiales, el capítulo 11 fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que implicó la caída completa de ese tramo del Presupuesto. El revés dejó al descubierto las dificultades del Ejecutivo para ordenar a sus aliados cuando el ajuste toca áreas socialmente sensibles.

Entre quienes votaron en contra del artículo 75 y del capítulo completo se contaron tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos del bloque Independencia, un legislador salteño de Innovación Federal, la neuquina Karina Maureira, de La Neuquinidad, y 14 integrantes de Provincias Unidas, espacio con fuerte influencia de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.

La Unión Cívica Radical mostró una vez más su fractura interna: tres diputados acompañaron al oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron. También se desmarcaron los legisladores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que rechazaron el capítulo y aclararon en un comunicado que respaldaron el Presupuesto en general, pero no la derogación de las leyes vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario.

La caída del artículo 75 expuso los límites del intento del Gobierno de avanzar con el ajuste por la vía presupuestaria y dejó en evidencia que, incluso con el Presupuesto aprobado en general, hay líneas que una parte importante del Congreso no estuvo dispuesta a cruzar.