Amnistía Internacional, junto a organizaciones de derechos humanos de la Argentina, impulsa una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad del denominado Protocolo Antipiquetes, luego de constatar que, a dos años de su implementación, más de 2.500 personas resultaron heridas durante manifestaciones.

Al anunciar el cuestionamiento legal, la directora de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, advirtió que la aplicación de la medida habilitó una escalada represiva por parte de las fuerzas de seguridad. “La violencia estatal no solo aumentó: hoy está naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó.

El Protocolo Antipiquetes —cuyo nombre formal es Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación— fue establecido por decreto y constituyó una de las primeras decisiones de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. La norma considera delito los cortes de vías de circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial.

Desde el oficialismo, Bullrich y su equipo sostienen que el fin de los piquetes es una política con amplio consenso social y aseguran que fue aplicada con “éxito”. Incluso, exfuncionarios del área señalaron que esta línea dura en seguridad “cimentó el triunfo electoral” que le permitió a la exministra acceder al Senado.

Sin embargo, los datos relevados por Amnistía Internacional y otros organismos contradicen esa versión. Según los informes, entre 2025 y la actualidad se registraron 2.557 personas heridas por el “uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza”. A su vez, la Comisión Provincial por la Memoria detectó un aumento del 77% en las detenciones, muchas de ellas de dudosa legalidad.

Uno de los aspectos más graves señalados es el uso de disparos dirigidos a los ojos de manifestantes, una práctica que había sido denunciada en Chile durante las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Amnistía documentó al menos cuatro casos de personas que perdieron un ojo como consecuencia de este accionar.

La escalada represiva también impactó de lleno en la libertad de expresión y en el trabajo periodístico. Los informes dan cuenta de al menos 184 periodistas y fotógrafos heridos durante las protestas. Entre ellos se destaca el caso de Pablo Grillo, el más grave, quien fue alcanzado por el disparo de un gendarme mientras cubría una manifestación frente al Congreso.