En medio de una fuerte polémica, Juan Pazo presentó su renuncia como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. La dimisión fue aceptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el cargo será ocupado por Andrés Vázquez, hasta ahora titular de la Dirección General Impositiva (DGI) y un funcionario investigado por la Justicia por la compra de propiedades de lujo en el exterior a través de sociedades offshore.

Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, Pazo dejó su cargo tras poco más de un año de gestión para “retornar al ámbito privado”, aunque aclararon que continuará colaborando informalmente con Caputo. La designación de su reemplazante quedó formalizada a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que Vázquez asumirá a partir del jueves 18 para completar el período legal correspondiente.

La llegada de Vázquez a la conducción del organismo recaudador desató un inmediato escándalo político y público. El nuevo titular de ARCA está acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria, a raíz de la adquisición de al menos tres propiedades en Estados Unidos por más de dos millones de dólares, que nunca fueron declaradas ante los organismos de control argentinos.

De acuerdo a las denuncias y a investigaciones periodísticas, Vázquez habría comprado dos inmuebles en Miami en 2013 mediante la sociedad Alcorta Corp. Uno de ellos, valuado en 710 mil dólares, se encuentra en un complejo de alta gama, mientras que el segundo fue adquirido por 350 mil dólares. Dos años y medio después, a través de otra firma offshore, Pompeya Group Corp, compró una tercera propiedad en un exclusivo condominio de Sunny Isles por 980 mil dólares.

Además, el funcionario habría mantenido cuentas bancarias en el exterior sin declarar y cheques a su nombre vinculados a condominios no informados en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Parte de las investigaciones judiciales en su contra quedaron truncas cuando bancos radicados en paraísos fiscales se negaron a brindar información, lo que derivó en el cierre de algunas causas por “falta de pruebas”.

Vázquez cuenta con más de 35 años de carrera en la ex AFIP, período durante el cual enfrentó múltiples sumarios administrativos y al menos dos causas penales. A pesar de ese historial, en octubre de 2024 fue designado por el propio presidente Javier Milei como titular de la DGI. Apenas dos meses después, una investigación del periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de los departamentos de lujo no declarados en Estados Unidos.

El escándalo se agravó cuando trascendió que, a solo siete días de asumir en la DGI, Vázquez promovió a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo jerárquico clave en la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires. La funcionaria saltó rangos intermedios, desplazó a otros cuadros técnicos y accedió a un puesto que implicó una mejora salarial significativa. A raíz de ese episodio, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación.

Pese a las denuncias, las investigaciones abiertas y los cuestionamientos éticos, el Gobierno decidió avanzar con su designación al frente del organismo encargado de controlar la evasión, el lavado y los delitos tributarios. Una decisión que vuelve a poner en el centro de la escena las contradicciones del discurso oficial contra la corrupción y el uso político del Estado.