El Gobierno nacional lanzó la licitación para concesionar y privatizar casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, en el marco de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC). La medida —formalizada por la Resolución 1843/2025 publicada en el Boletín Oficial— avanza sobre corredores estratégicos como las rutas 3, 5, 226 y 205, entre otras.

La iniciativa forma parte del plan libertario para tercerizar la construcción, explotación, administración y mantenimiento de unos 9.000 kilómetros de la red vial, equivalentes al 20% del total, pero que concentran cerca del 80% del tránsito. El Gobierno remarca que se trata de un “avance en la eficiencia”, aunque vecinos, transportistas y productores vienen denunciando un deterioro creciente en las rutas por la falta de inversión pública.

La licitación contempla dos grandes tramos. El primero, denominado Tramo Sur Atlántico Acceso Sur, abarca 1.325 kilómetros e incluye la Ruta Nacional 3 (615 km), la 205 (254 km), la 206 y autopistas como la Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas. El segundo, el Tramo Pampa, comprende 547 kilómetros sobre la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, atravesando localidades como Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini.

En total, 1.872 kilómetros pasarán a manos privadas para su gestión. Vialidad Nacional quedará a cargo del control y supervisión de los contratos, aunque el nuevo esquema no prevé subsidios estatales, un cambio que el Gobierno presenta como un “ordenamiento” del sistema, aun cuando el estado de las rutas muestra una degradación marcada durante la actual gestión.

La decisión se suma a la adjudicación realizada esta semana de la Etapa I de la RFC, que comprende otros 741 kilómetros en las rutas 12 y 14 y en el puente Rosario-Victoria. Aquella licitación, originalmente prevista para diciembre del año pasado, quedó demorada por la crisis económica.

El avance privatizador recupera el concepto de los peajes implementados en la década del ’90 durante el menemismo, cuando se concesionaron más de 8.000 kilómetros sin mejoras sustanciales para los usuarios, lo que obligó a modificar el esquema un año más tarde y nuevamente en 2003 ante el generalizado descontento social.