El Gobierno nacional logró imponer en el Congreso su dictamen del Presupuesto 2026, una iniciativa que proyecta una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%, pero que al mismo tiempo confirma por vía legislativa el ajuste sobre universidades y el sistema de discapacidad. El avance fue posible tras una negociación con gobernadores dialoguistas y la incorporación de cambios de último momento que generaron fuertes cuestionamientos.

El dictamen reunió 28 firmas en la Comisión de Presupuesto, presidida por Alberto Benegas Lynch, y habilita al oficialismo a llevar el proyecto al recinto este miércoles. De aprobarse, sería el primer presupuesto votado desde la llegada de Javier Milei al poder en 2023, luego de dos años de administración sin una pauta de gastos e ingresos sancionada por el Congreso.

La mayoría se construyó con votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal —donde confluyen representantes de Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua—, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo y el bloque Independencia, alineado con Osvaldo Jaldo. El respaldo estuvo acompañado por el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): unos 43 mil millones de pesos destinados a Tucumán, Misiones y Chaco. A eso se sumó la incorporación del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo de las provincias mineras.

El punto más controvertido apareció sobre el cierre del debate. A último momento, el oficialismo incluyó en el artículo 75 la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Se trata de normas vigentes que el Ejecutivo viene incumpliendo con el argumento de que no cuentan con partidas específicas, una postura que ya derivó en reclamos judiciales y en un fallo que lo obliga a aplicar la emergencia en discapacidad, actualmente apelado por el Gobierno.

Si el Presupuesto se aprueba con esta redacción, el recorte sobre universidades y personas con discapacidad quedará ratificado por ley, consolidando un ajuste que hasta ahora se aplicaba de hecho.

Durante la discusión se presentaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria y otro de Provincias Unidas. El PRO y la UCR acompañaron el dictamen oficial pero dejaron constancia de una disidencia, ya que habían votado las leyes que ahora el propio Presupuesto busca derogar. El resto de los bloques dialoguistas, pese a haber respaldado esas normas en su momento, no plantearon objeciones.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin denunció una “falta de respeto institucional”. El dictamen opositor propone garantizar el financiamiento universitario, mantener la vigencia de la emergencia en discapacidad y sumar fondos para la emergencia pediátrica. También incluye la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de jubilaciones y la actualización del bono previsional.

La disidencia del PRO incorporó además un reclamo por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, acordada tras un fallo judicial. No hubo, en cambio, ningún planteo similar para exigir la restitución de los fondos recortados a la provincia de Buenos Aires, que Axel Kicillof estimó en unos 9 mil millones de dólares.

En el corazón del proyecto, el Presupuesto prevé un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, junto con aumentos en partidas sociales muy por debajo incluso de la inflación proyectada: 5% para jubilaciones, 17% para salud y apenas 8% para educación. Además, vuelve a dejar sin respuesta el reclamo de las provincias por las cajas previsionales.

Con este dictamen, el Gobierno no solo busca ordenar sus números fiscales, sino también dejar blindado por ley un esquema de ajuste que impacta de lleno en derechos básicos y en áreas estratégicas del Estado.