En la antesala del examen nacional para ingresar a residencias médicas —con más de 13.400 inscriptos para apenas 7.687 vacantes—, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 2109/2025, que transforma de raíz el sistema de formación médica. Desde ahora, los residentes dejarán de ser considerados empleados para pasar a ser becarios, en lo que se presenta como una “revalorización del sentido formativo”, pero que en la práctica implica la pérdida de derechos laborales clave.

El cambio deja sin efecto el reconocimiento de las residencias como relaciones de empleo público o contrato de obra. Esto significa que quienes se formen en hospitales bajo este nuevo esquema ya no tendrán asegurados derechos como aguinaldo, licencias laborales plenas, aportes patronales ni cobertura médica obligatoria, salvo que opten por una modalidad específica que los contemple.

Dos modelos, una misma incertidumbre

La resolución habilita dos opciones de beca para los residentes:

• Beca Institución: el estipendio mensual se paga de forma íntegra, sin descuentos previsionales ni cobertura de obra social. Ofrece seguros de ART y mala praxis, y deja en manos de cada hospital la posibilidad de otorgar beneficios adicionales voluntarios, como un “aguinaldo simbólico”. No garantiza aportes jubilatorios.

• Beca Ministerio: mantiene el sistema tradicional, con recibo formal, descuentos previsionales, obra social estatal y cobertura obligatoria. Es la única opción que conserva parte de los derechos laborales previos.

Ambas alternativas estarán financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación, pero serán gestionadas de forma distinta. Cada institución podrá elegir el modelo que adopta, y también cada residente podrá optar por permanecer en el esquema anterior —si ya está cursando— o pasarse a la nueva modalidad.

Menos derechos en nombre de la flexibilidad

El Gobierno justifica la reforma como una forma de corregir “desajustes acumulados” y devolverle a la residencia su carácter académico. Pero al eliminar el vínculo laboral, muchos profesionales denuncian una nueva avanzada de precarización. Mientras el Estado se corre de su rol como empleador, las instituciones ganan autonomía para definir condiciones internas, pagos adicionales y organización de becas.

El nuevo modelo apuesta a una descentralización progresiva del sistema y a una mayor flexibilidad administrativa. Sin embargo, deja en manos de cada institución la decisión sobre si ofrecer —o no— beneficios que antes estaban garantizados por ley. Y en un contexto de ajuste, eso implica mayor desigualdad y mayor incertidumbre.

En definitiva, miles de futuros médicos quedarán sometidos a un sistema formativo sin estabilidad, con menor protección y con una carga laboral que, históricamente, ha sido clave en el funcionamiento de los hospitales públicos. El debate que se abre ahora es si esta reforma mejora la formación médica o la convierte en un camino de precarización disfrazado de modernización.