En un inusual gesto de unidad, gobernadores de distintos signos políticos se alinearon contra el Gobierno nacional y presentaron en el Senado dos proyectos clave para reformar el esquema de distribución de fondos. La iniciativa busca recuperar recursos que las provincias consideran propios y limitar el manejo unilateral del Ejecutivo.

La decisión llega tras el fracaso de las negociaciones con funcionarios de Javier Milei para alcanzar un nuevo régimen de coparticipación. La ofensiva legislativa ya fue formalizada a través de senadores del PJ, la UCR y el bloque Provincias Unidas, con el respaldo de sus respectivos gobernadores.

Los proyectos llevan la firma de José Mayans y Juliana Di Tullio (peronismo), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), y serán tratados en las comisiones de Coparticipación Federal y de Presupuesto.

Cambios en el impuesto a los combustibles

Uno de los proyectos propone eliminar los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles, para reemplazarlos por un reparto directo entre Nación, provincias y Seguridad Social. El nuevo esquema dividiría el tributo de la siguiente manera:

• 14,29% para el Tesoro Nacional

• 52,02% para las provincias

• 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social

Dentro del porcentaje provincial, el 25% se distribuiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y el 75% restante según el índice de coparticipación vigente.

Reparto automático de ATN

El segundo proyecto apunta a incorporar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la masa coparticipable, lo que impediría su uso discrecional por parte del Ejecutivo. La propuesta modifica la Ley de Presupuesto para que los ATN se distribuyan todos los días y de forma automática a las provincias, bajo los mismos criterios que la coparticipación.

Una nueva etapa de tensión con las provincias

La avanzada parlamentaria de los gobernadores refleja el creciente malestar con la Casa Rosada ante los recortes, la falta de obra pública y la concentración de recursos en manos del Gobierno nacional. Ahora, con estas reformas, las provincias buscan recuperar poder financiero y autonomía, abriendo una nueva disputa en el Congreso.